Cuando la justicia tiembla, la delincuencia gobierna.
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Por: Marcos Aurelio Álvarez Pérez (#MAAP)
Ideas Cómplices | Crimen & Pecado
Criminólogo, Periodista, Lingüista, Perito Forense Experto en Análisis de Imagen y de Contenido, Bombero, Músico.
No se puede negar la gravedad de la situación: cuando el crimen organizado compra voluntades o amenaza vidas, el sistema judicial pierde su esencia y la sociedad queda indefensa.
Como criminólogo forense y analista etnolingüístico, he recorrido los barrios donde la ley se confunde con la supervivencia y el silencio se convierte en estrategia. En ese entorno, muchos no delinquen por maldad, sino por miedo; otros, por codicia; y algunos, porque el sistema mismo los ha dejado sin alternativas.
Sin embargo, reconocer el fenómeno no basta. El Estado debe actuar con estrategias integrales que fortalezcan la seguridad de jueces, fiscales y testigos. No hay certeza del castigo cuando quien debe aplicar la ley teme por su vida o la de su familia.
La justicia requiere garantías reales: independencia financiera, protección institucional y equipos de inteligencia judicial capaces de anticipar y neutralizar las amenazas del crimen organizado.
Donde el crimen no recibe castigo, la ley pierde su voz y el miedo ocupa su lugar. Sin certeza del castigo, la sociedad aprende que robar es rentable, mentir es estrategia y matar es negocio. La impunidad convierte a los jueces en silencio, a las cárceles en depósitos de pobres y al poder en refugio de delincuentes. Un solo fallo vendido arruina mil esfuerzos honestos.
Cuando la ley deja de corregir, el delito educa.
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La justicia no puede limitarse a castigar al delincuente que nace en riesgo social, marcado por la pobreza y el conflicto permanente con la ley. Esa es solo una cara del crimen. La otra, más silenciosa y dañina, es la delincuencia de cuello blanco: quienes desde las alturas del poder político y económico manipulan recursos públicos, corrompen instituciones y compran impunidad.
Pero también debe haber un compromiso moral. La corrupción no se combate solo con leyes, sino con valores. Un juez con miedo es víctima; un juez que se vende, es cómplice. Por eso, el Estado debe blindar el patrimonio, la integridad y la dignidad de quienes administran justicia.
La Biblia enseña que el castigo tiene una finalidad preventiva: “para que lo vean todos, teman y se aparten del mal”. Esa máxima, de profunda sabiduría jurídica, no promueve el miedo sino la conciencia social. La condena, cuando es justa, no destruye: protege. El escarmiento público del corrupto tiene valor pedagógico, porque reafirma que el crimen no paga.
Así se arruina una nación: el crimen es ley y la pobreza es delito.
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Deuteronomio 21:18-21 (RVR1960)
> 18 Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiendo sido castigado, no les obedeciere;
19 entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo traerán a los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva;
20 y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde; no obedece a nuestra voz; es glotón y borracho.
21 Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá; así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá, y temerá.
Contexto teológico y jurídico (resumen muy breve):
1. El pasaje está dentro del código de santidad legislativa, donde el objetivo no era la muerte en sí, sino preservar el orden comunitario en una sociedad tribal basada en la honra y la responsabilidad familiar.
2. La expresión “oírán y temerán” es fórmula jurídica de efecto preventivo o escarmiento social, muy similar a lo que hoy en criminología se entiende como prevención general negativa.
3. La gravedad no era “rebeldía adolescente”, sino rebelión civil, asociada a borrachera pública, violencia, desprecio total al orden familiar y comunitario.
4. Históricamente, los rabinos interpretaron que el requisito era tan difícil de cumplir que prácticamente no se ejecutó — se convirtió más en principio pedagógico.
La justicia es la frontera moral de toda nación. Si se desdibuja, el país cae en la anomia: en el reino de la intimidación, donde el delincuente manda y el juez calla. Panamá necesita volver a creer en su justicia; y para ello, el derecho debe ser más fuerte que el miedo.
Miqueas 3:11 — «Sus jueces juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por paga y sus profetas adivinan por dinero…».
También en Deuteronomio 16:19 se advierte: «No tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo».
La ley debe alcanzar a ambos extremos: al joven que delinque por sobrevivencia y al alto funcionario que delinque por codicia. Solo cuando el castigo es equitativo, el escarmiento social educa y previene.
De seguir estos principios indudablemente la criminalidad se disminuirá comenzando desde los tribunales de justicia:
• La independencia judicial no se decreta: se protege. Un magistrado vulnerable al soborno o a la amenaza condena al país a la impunidad.
• Salario digno y seguridad real son política anticorrupción. Cuando el juez no teme a la bala ni necesita la bolsa, la ley recupera su voz.
• Proteger al juez es proteger al ciudadano. Cada fallo justo fortalece el contrato social y reduce el poder de la criminalidad organizada.
• La certeza del castigo inicia donde termina el miedo. Sin respaldo institucional, el crimen educa y el Estado se convierte en cómplice.
El crimen callejero y el crimen de las élites nacen de la misma raíz: un corazón sin límites.
Sin justicia, la ciudad entera vive presa.
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