Por: Marcos Aurelio Álvarez Pérez / Periodista, Criminólogo, Lingüísta, Perito Forenses Experto en Análisis de Imagen, Músico, Bombero, Pastor Callejero del Ghueto
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Creo que, cuando los gobiernos cambian de forma abrupta, lo que suele surgir son nuevas élites políticas igual o más dañinas que las anteriores: grupos movidos por la codicia, la ambición desmedida y el deseo de poder, que perpetúan las mismas prácticas corruptas bajo un discurso diferente. Son mutaciones de un mismo cáncer político, revestido con nuevos colores, pero con el mismo propósito de saqueo.
En Panamá debe emerger un sistema que reordene la convivencia social con base en el bien común, la dignidad humana y la justicia real. No se trata de imponer un socialismo ni comunismo, controlado por “ñángaras” o doctrinas obsoletas, sino de construir un Estado de derecho auténtico, donde impere la ley, se creen normas justas y se deroguen aquellas que blindan los privilegios de los oligopolios que hoy controlan el poder económico y político. El modelo instaurado en 1989, tras la invasión de EE.UU., no consolidó una democracia real, sino una estructura tutelada y diseñada para sostener a las élites, no al pueblo.
Mientras esta red de impunidad se perpetúa, la desigualdad se vuelve paisaje. Más del 40% de la población panameña vive alguna forma de pobreza multidimensional: hogares sin agua potable, sin internet, con escuelas abandonadas y centros de salud que no alcanzan ni para acetaminofén. La clase media, antes sostenida por el esfuerzo y la formación profesional, hoy sobrevive con pluriempleos, deudas impagables y una constante sensación de inestabilidad.
Desde entonces, (1989 – 2025: 36 años) ese «orden democrático» ha estado en manos de la aristocracia panameña que, tras mover los hilos de la Cruzada Civilista para sacar a los militares, tomó el control del poder político y económico. Lo hicieron no por convicción democrática, sino porque los militares afectaban sus intereses macroempresariales y su participación en redes de crimen organizado, como el narcotráfico y la trata de personas. Por eso, desde entonces, la democracia en Panamá no se ha establecido realmente; ha sido una democracia fallida, secuestrada por las élites y corroída por la corrupción estructural.
A ello se suma la impunidad con la que actúan las redes del crimen de cuello blanco enquistadas en los órganos del Estado: empresas y políticos que han saqueado el patrimonio nacional, debilitado la institucionalidad, y convertido la administración pública en botín de guerra entre partidos.
La criminalidad organizada en Panamá no solo está en las calles, sino en las juntas directivas, en los contratos amañados, en los sobrecostos de obras y en las decisiones legislativas que favorecen a unos pocos.
El fenómeno del crimen transnacional no es ajeno a nosotros: somos un puente logístico para el tráfico de drogas, armas, migrantes y hasta menores explotados, muchas veces con la complicidad tácita del Estado.
Mientras tanto, el pueblo ha sido adormecido por una cultura del «juega vivo», del «eso no me afecta, no es conmigo», una subcultura de alienación y apatía construida desde antes de 1903, que ha sido reforzada en la era digital con redes sociales convertidas en narcóticos de identidad y pertenencia. En lugar de conciencia ciudadana, tenemos entretenimiento, francachela, fútbol y consumo vacío.
En lugar de justicia social, tenemos contratos laborales precarios, reformas a espaldas del pueblo y una Caja del Seguro Social colapsada. Pagamos la energía más cara teniendo recursos hídricos de sobra para exportarla. No hay agua potable en barrios enteros, pero sí presupuesto para viajes, dietas y privilegios.
Esa red de impunidad no solo enriquece a unos pocos, sino que condena a las mayorías a una pobreza estructural y creciente. La pobreza multidimensional avanza silenciosa: acceso limitado a servicios básicos, educación estancada, salud colapsada y empleos precarizados. La clase media, otrora símbolo de progreso, se diluye entre deudas, inflación y desesperanza, deslizándose hacia la pobreza extrema mientras observa cómo los verdaderos responsables brindan con impunidad.
En una democracia frágil como la panameña, la impunidad no solo roba dinero: roba futuro. Cada dólar desviado de la educación pública es un niño sin oportunidades. Cada centavo malversado en salud es una vida que pudo salvarse. Cada fallo comprado es una burla a quienes aún creen en la justicia.
Pero lo más peligroso no es el corrupto: es la normalización del crimen desde el poder. Cuando el pueblo deja de exigir, los verdugos se visten de salvadores. Cuando se pierde la capacidad de indignarse, se pierde también la voluntad de cambiar.
Este país no necesita más discursos, necesita memoria. Y necesita ciudadanos que no aplaudan a sus verdugos. Que dejen de votar por quienes los traicionan, que cuestionen lo que los medios maquillan y que exijan una reforma real al sistema de justicia.
Porque mientras la complicidad se disfrace de legalidad, la pobreza será el castigo y la impunidad, la ley.
Incluso los órganos de fiscalización, como la Contraloría o la Asamblea, operan como piezas del mismo engranaje. En vez de frenar abusos, los normalizan. ¿Quién controla a los que controlan? ¿Quién audita al que reparte los contratos?
En Panamá, la impunidad no es una excepción: es el sistema. La corrupción no se oculta, se institucionaliza. Políticos, empresarios, magistrados y operadores del poder tejen una red de complicidades que secuestra el patrimonio público y dinamita la confianza social. No se trata solo de delitos financieros o desfalcos multimillonarios: es una maquinaria legal, mediática y judicial que legitima el saqueo y protege a los #DelincuentesDeCuelloBlanco con amnistías a la medida, fallos acomodados y una justicia que responde al billete, no al derecho.
La justicia como ornamento del poder
En este escenario, la justicia no es un pilar del Estado, sino un recurso cosmético. Los magistrados que deberían proteger la Constitución se convierten en custodios de intereses privados. Las fiscalías filtran expedientes según el viento político. Las leyes se redactan ambiguas, calculadas para beneficiar a los amigos del poder y castigar solo al “ladrón pobre”.
Cuando robar no tiene castigo, mandar se vuelve un negocio
En Panamá, la corrupción no es un hecho aislado ni un desliz administrativo: es una cultura política. Desde licitaciones amañadas hasta sobreprecios groseros, pasando por contrataciones fantasmas, subsidios a empresarios multimillonarios, blanqueo de fondos estatales y la creación de fideicomisos que ocultan el saqueo. Todo está pensado para que nadie responda, para que el sistema se proteja a sí mismo.
Los escándalos de alto perfil se apagan con estrategias repetidas: distracción mediática, silencios pactados, tecnicismos legales y la infaltable “interpretación” judicial a conveniencia del acusado. Las figuras públicas involucradas no solo evitan la cárcel, sino que muchas veces regresan recicladas en nuevos cargos, con nuevos contratos y las mismas mañas.
La protesta social hoy es la reacción natural al cansancio acumulado de décadas de exclusión, saqueo, manipulación y simulación democrática. Pero si no se transforma en un proyecto nacional con justicia, educación crítica, trabajo digno y salud pública real, lo que vendrá será más de lo mismo, con nuevos rostros y viejas prácticas.
La delincuencia del poder, si no es enfrentada con institucionalidad firme y una ciudadanía despierta, seguirá perpetuando el fracaso del Estado panameño.
MANIFIESTO:
Modelo de Gobierno Emergente – “Prosperidad Solidaria y Justicia Constitucional”
1. Fundamento Moral y Social
Inspirado en 2 Corintios 8:15: “El que recogió mucho, nada le sobraba; y al que recogió poco, nada le faltaba”, proponemos un sistema que no castiga al que produce ni glorifica la pobreza, sino que equilibra la abundancia con la necesidad, promoviendo una sociedad justa, donde la riqueza sirva al bien común.
2. Reemplazo del Sistema Político Fallido
El modelo de “democracia tutelada” impuesto desde 1989 ha beneficiado a élites político-económicas, blindadas por leyes injustas, corrupción institucionalizada y una cultura del «juega vivo». Este sistema ha caducado moral y funcionalmente.
3. Principios del Nuevo Orden Político y Social
Estado de Derecho Real: aplicación igualitaria de la ley, sin fueros, sin privilegios.
Gobierno basado en méritos y resultados: quien trabaja, estudia y produce, prospera.
Educación liberadora y transformadora: escuelas que formen conciencia crítica y ciudadanía activa.
Democracia participativa: revocatoria de mandato, auditorías públicas, presupuestos consultivos.
Reforma económica equitativa: no más monopolios ni oligopolios disfrazados de “empresa privada”.
Salud, agua, energía y justicia como derechos, no mercancías.
4. Nuevo Pacto Constitucional del Pueblo
Una Constituyente Originaria con participación popular debe fundar las nuevas bases legales, sociales y económicas de una República verdaderamente libre, justa, próspera y solidaria.
5. Llamado a la Acción
No basta con cambiar gobiernos. Hay que transformar el sistema. Que el pueblo se convierta en actor histórico, no en espectador resignado. La caída del régimen actual solo será útil si levantamos un modelo basado en equidad, justicia y dignidad para todos.
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