«Democracia sin equidad en la justicia no puede garantizar paz ni prosperidad para todos». #MAAP
Por: Marcos Aurelio Álvarez Pérez
Periodista, Criminólogo, Lingüísta, Experto en Análisis de Imagen y de Contenidos
«Como criminólogo, he invertido el enfoque tradicional de la investigación sobre delincuencia e inseguridad ciudadana en Panamá. Para erradicar el crimen callejero y criollo, como el de pandillas barriales, bandas regionales y sicariato, se debe aplicar el mismo rigor en la investigación, persecución y coacción a quienes han saqueado el patrimonio estatal.
Estos delincuentes de cuello blanco forman parte del crimen organizado y transnacional, que ha controlado el país desde antes de 1968, durante los 20 años de dictadura militar y los 35 años de una democracia fallida, todo ello con un sistema judicial que perpetúa la impunidad en perjuicio del pueblo panameño.»
Las dictaduras cualquiera que ellas sean, no son expontáneas se fraguan a través de la opresión y la ruina de los países.
Dictadores latinos: Cuba (Gerardo Machado, Fulgencio Batista, Fidel Castro); Panamá (Omar Torrijos, Manuel Noriega); República Dominicana (Desiderio Arias, Cipriano Bencosme, Rafael Leonidas Trujillo); Paraguay (Alfredo Stroessner), Argentina (Juan Perón y otros caudillos militares), Chile (Augusto Pinochet); Venezuela (Hugo Chávez y Nicolás Maduro); Nicaragua (Los Somoza y Daniel Ortega) y tantos otros dictadores mundiales, no surgen espontáneamente, son consecuencias del poder de la Oligarquía, de la Delincuencia de Cuello Blanco y el Crimen Organizado.
«Cuando las oligarquías, guiadas por la codicia y la vanidad de su ideología neoliberal, empobrecen a una nación, las dictaduras emergen del clamor de un pueblo traicionado» (#MAAP).
Antes del golpe militar de 1968, Panamá estaba gobernada por una oligarquía liberal que controlaba el poder político y económico del país. Esta oligarquía, conformada por las familias más ricas, que mantenían un sistema que favorecía sus propios intereses, principalmente en la posesión de tierras y la explotación de los recursos. Las decisiones gubernamentales estaban alineadas con las élites, quienes, además, dependían fuertemente de la influencia de Estados Unidos debido a la presencia del Canal de Panamá.
Antes del golpe de estado de 1968, Panamá estaba dominada por una oligarquía criolla que se sentía dueña del país, controlando no solo la política, sino también las grandes extensiones de tierras. Este grupo de élite se valía de diversas prácticas para mantener su poder y consolidar su posición dominante. Estas prácticas incluían el personalismo, el caudillismo, el continuismo, el nepotismo y el clientelismo, también conocido en el campo como gamonalismo o caciquismo, así como el oportunismo. Estos elementos llenaron el vacío dejado por la ausencia de ideología y caracterizaron la política partidista panameña.
El caudillismo se manifestaba en la figura de líderes fuertes que dominaban la escena política sin permitir la emergencia de una oposición significativa. El continuismo garantizaba la perpetuidad en el poder de los mismos individuos o grupos a través de manipulaciones y alianzas estratégicas.
El nepotismo aseguraba que el poder y los recursos quedaran dentro de un círculo reducido de familias y amigos cercanos. Por su parte, el clientelismo, especialmente en las áreas rurales, implicaba un sistema de favores y lealtades que reforzaba el control de los oligarcas sobre la población, mientras que el oportunismo permitía a estos líderes adaptarse y cambiar de lealtades según les conviniera, siempre con el objetivo de mantener su influencia y beneficios.
La situación ya era evidente en 1924, cuando Harmodio Arias declaró con disgusto que los partidos políticos «no representan ningún ideal, ningún principio, ningún programa» (Arias y Quintero 1994:10). Esta declaración reflejaba la frustración con un sistema político que servía más a los intereses de una élite oligárquica que a las necesidades del país. La ausencia de ideología clara y de programas políticos definidos permitió que estos vicios políticos se arraigaran profundamente en el sistema, contribuyendo a un ambiente donde la corrupción y la falta de representatividad eran la norma.
Los oligarcas no solo controlaban la política, sino que también se apropiaban de vastas extensiones de tierras, consolidando su poder económico y social. Estas tierras eran adquiridas muchas veces mediante mecanismos dudosos o coercitivos, despojando a campesinos y pequeños propietarios de sus derechos y recursos. Este control sobre la tierra les permitía influir en la vida rural y mantener un dominio casi feudal sobre las áreas más remotas del país.
En resumen, antes del golpe de estado de 1968, la oligarquía criolla en Panamá se sentía dueña absoluta del país, controlando la política, apropiándose de grandes extensiones de tierras y perpetuando su poder a través de prácticas políticas cuestionables y oportunistas. Este dominio oligárquico creó un ambiente político y social que carecía de ideología y representatividad, favoreciendo los intereses de una élite reducida a expensas de la mayoría de la población.
La pobreza y la desigualdad eran características predominantes, especialmente en las áreas rurales, donde grandes sectores de la población vivían en condiciones precarias, mientras las élites urbanas monopolizaban los recursos del país. Políticamente, los gobiernos de la época eran inestables y vulnerables a la manipulación de las oligarquías, lo que llevó a crisis y corrupción generalizada.
Después del golpe liderado por Omar Torrijos en 1968, el país vivió un cambio radical en su sistema de gobierno. Torrijos implementó reformas que buscaron reducir la influencia de la oligarquía y enfocarse en mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y rural. Se promovieron políticas nacionalistas, como la renegociación de los Tratados del Canal, lo que permitió a Panamá tener mayor control sobre su territorio y recursos. Durante este período, se intentó redistribuir la tierra y desarrollar proyectos sociales, aunque hubo una concentración de poder en manos del régimen militar y limitación de libertades políticas.
Tras la invasión de Estados Unidos en 1989, y la caída del régimen militar de Manuel Noriega, el poder político regresó a las manos de la oligarquía tradicional. Los partidos políticos dominados por estas élites retomaron el control, implementando un sistema económico basado en el neoliberalismo, que promovió la privatización de empresas estatales y abrió las puertas a una mayor influencia del capital extranjero.
Aunque la democracia fue restaurada, las disparidades socioeconómicas persistieron, y muchos críticos argumentan que las políticas implementadas favorecieron nuevamente a las clases altas, dejando a gran parte de la población en condiciones de pobreza y marginalización.
«Las dictaduras no nacen de la noche a la mañana, sino del agotamiento de un pueblo que ha sido sumido en la pobreza y la desesperanza por la codicia de las élites. Las oligarquías, con su poder económico y sus ideologías neoliberales, a menudo priorizan su bienestar sobre el del país, generando desigualdad y corrupción. A las nuevas generaciones panameñas les toca entender que cuando un pequeño grupo controla los recursos y el destino de la nación, las dictaduras encuentran su camino en la frustración de los más vulnerables.
La historia no se debe repetir, sino aprender de ella para construir un futuro más justo y equitativo.»
maapchino10 