Por: Marcos Aurelio Álvarez Pérez / Criminólogo – Lingüista
El rigor científico para realizar investigaciones criminales en Panamá, en todas sus tipologías penales, es un tema que debe ser considerado como un tema de Estado…hay que sacar de la justicia panameña el tráfico de influencias económicas y políticas (no ver rostros, apellido y abolengo) caiga quien caiga, de otra manera la Predación Criminal seguirá secuestrando a la población en general hasta llevarla a una anomia social y por ende a un estado anárquico, donde la justicia será tomada por las propias manos de los ciudadanos.
La ola de asesinatos (víctimas extranjeras) registrados en Panamá -solo por enunciar esos casos que son varios, sin incluir los homicidios de víctimas nacionales- y que datan de la década de los 90, donde unos casos han sido investigados y juzgados, mientras que otros han quedado en el misterio sobre quién o quiénes fueron los asesinos, sus motivos o factores criminógenos que los llevaron a cometer esos atroces crímenes, nos indican varias cosas que intervienen para su esclarecimiento:
1. Que los asesinos de estas víctimas eran sus conocidos y por codicia los mataron (casi todos tenían propiedades o gozaban de solvencia económica, prestigio y eran extranjeros); independiente de otros homicidios ocasionados por múltiples factores.
2. Que los victimarios gozan de gran influencia social y por eso planifican los asesinatos sabiendo que sus casos van a quedar en la impunidad.
3. Que el sistema de justicia panameño es débil aún, y que por la influencia o manejo político de quienes dirigen el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la DIJ y la Policía Nacional, esos casos no son investigados a fondo con todo el rigor científico que exigen las ciencias forenses.
4. Que la perfilación de las víctimas asesinadas fueron planificadas y la capacidad de peligrosidad de los victimarios, los lleva a actuar con mucha precisión y cautela de modo que no dejen sospechas y él/los culpables para que no puedan ser encontrados.
5. Que el crimen perfecto no es insoluble (imposible de resolver) por la policía, sino por la incapacidad del sistema judicial y penal de Panamá, que cierran los expedientes o no se les da seguimiento científico y jurídico por los constantes cambios que sufren a lo interior de los estamentos de investigación.
6. Que el hecho de ser víctimas extranjeras les resta fuerza a las investigaciones, máxime si son manipuladas por personas vinculadas con el crimen organizado y que ocupan puestos dentro del sistema judicial de Panamá (ver caso del crimen del jefe de la Unidad Especial de Investigaciones Sensitivas de la PTJ, Franklin Mauricio Brewster Chase, por quien se pagó –según se dice- $500 mil para que hicieran el trabajo de envenenamiento desde adentro).
7. Por último, las escenas del crimen y del hallazgo de los cuerpos son contaminadas por los investigadores y la falta de experticias y se pierden las evidencias, por lo que las investigaciones se vician y caen en un limbo jurídico.
El Estado panameño debe rediseñar sus políticas criminológicas y victimológicas y de tratamiento penitenciario, de modo que se le devuelva la confianza a la población en su sistema judicial; combatir de tajo la corrupción, cuya estructura es alimentada por la cultura del juega vivo panameño, el tráfico de influencias y la ascensión a los puestos de poder de criminales de cuello blanco, desde donde controlan cuanto tipo de negocios criminales se les antoje a sus anchas y deseos, profundizando más la criminalidad y jugando con la seguridad ciudadana.
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